El representante residente de la ONU en el país, Lorenzo Jiménez de Luis, dijo que ese organismo considera que la única salida para resolver el problema de los indocumentados en República Dominicana es la implementación del programa de regularización que manda y obliga la sentencia emitida por el TC, respetando la soberanía nacional, los acuerdos internacionales y los derechos humanos.
“La sentencia es un hecho, ya es final, es inapelable e inamovible. La sentencia ya no está en tela de juicio ni es susceptible de ser considerada por nadie ni mucho menos por un organismo internacional extranjero. La sentencia es lo que es”, precisó De Luis.
El Tribunal Constitucional falló en septiembre pasado que la dominicana de ascendencia haitiana Juliana Deguis Pierre no tiene derecho a la nacionalidad de este país, porque nació de padres cuya condición de “extranjeros en tránsito” (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.
El representante dijo ayer que la ONU prepara una propuesta para el gobierno dominicano, la cual entregaría por escrito el próximo martes al ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, acerca del Plan de Regularización de los extranjeros en el país, con la finalidad de aportar a la solución del problema.
El funcionario agregó que el pasado 8 de octubre se realizó una conferencia telefónica entre el presidente Danilo Medina y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien llamó al mandatario para exteriorizarle su solidaridad y ofrecerle la cooperación de la ONU para resolver ese “drama humanitario”.
De Luis fue entrevistado en Palacio luego de reunirse con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el vicecanciller José M. Trullols y el embajador dominicano en Haití, Rubén Silié.
Haití, que se manifestó afectado por la sentencia, ha llevado el caso a otros países y organismos de la región como la Comunidad del Caribe y la Organización de Estados Americanos (OEA), e incluso sugirió a la Comunidad Europea el envío de una misión a Santo Domingo para que indague sobre el dictamen.
Ayer, el jefe de la delegación de la Unión Europea en el país, Alberto Navarro, informó que ese sistema de naciones no contempla el envío de una misión para indagar sobre la sentencia 168-13 del TC, sino esperar a establecer el número de personas impactadas por el fallo y que el tema se resuelva en un marco de calma, moderación y diálogo.
El diplomático señaló que la posición de Bruselas en este caso reside en su preocupación sobre el impacto de la sentencia en materia de derechos humanos y que la misma va en dirección de contribuir a la solución del “drama humano”, tal como lo ha identificado el presidente Danilo Medina.
Dijo que la UE respeta la independencia y soberanía de los Estados en materia de nacionalidad, como ocurre en todo el mundo, pues “cada país, cada Estado es libre de decidir cómo se concede la nacionalidad”.
Por: Viviano de León / Ramón Pérez Reyes
