Santos
Ramos fue enterrado vivo este jueves en venganza por sospechas de haber
violado y asesinado a una mujer de 35 años, el pasado domingo, en una
comunidad indígena vecina del poblado de Colquechaca, informó el jueves a
la AP por teléfono el fiscal José Luis Barrios.
Lo enterraron junto a su víctima.
La policía y los fiscales no pudieron llegar al lugar debido a que el camino fue bloqueado por los mismos comunitarios, dijo Barrios.
Un reportero de una emisora indígena relató a la AP que Ramos estuvo maniatado en el velorio de la mujer. El victimario y el cuerpo de su víctima fueron llevados al cementerio en miércoles en la noche. A Ramos empujaron vivo al fondo de la fosa y encima colocaron el féretro de la mujer y después echaron tierra en la fosa.
Líderes de comunidades indígenas han impuesto la ley del silencio y han prohibido informar a radios de Colquechaca, capital del municipio, dijo el radialista.
Según Barrios, la policía y la fiscalía habían logrado identificar a Ramos como el posible autor de la violación con muerte de Leandra Arias Janco pero los comunitarios que eran más de 200 capturaron al sospechoso para hacer justicia por sus manos.
Colquechaca es un poblado rural de unos 5.000 habitantes a 333 kilómetros al sureste de La Paz que pertenece a la provincia de Potosí de donde Barrios es jefe del Ministerio Público. La localidad cuenta con un fiscal, un policía y un juez.
El mismo miércoles en otra comunidad indígena quechua de Potosí, enardecidos pobladores lapidaron a un ladrón y quemaron a su cómplice en la comunidad de Tres Cruces.
Ambos habían robado un auto unos días antes y asesinado al chofer. Los ladrones fueron capturados por pobladores cuando intentaban vender el vehículo en un poblado vecino. Uno de ellos fue colgado y apedreado, al otro lo quemaron vivo, dijo Barrios.
Los linchamientos se producen con cierta frecuencia sobre todo en zonas rurales y barriadas pobres de las ciudades donde es escasa la presencia de la policía y de operadores de justicia. En pocos casos los instigadores son juzgados por la protección de los mismos pobladores.
La Constitución vigente desde 2009 reconoce la justicia indígena, la misma que otorga autoridad a líderes de comunidades rurales a juzgar delitos menores según sus costumbres ancestrales. Pero esa justicia no reconoce la ejecución. Habitualmente castiga a latigazos y en casos más graves expulsa a los supuestos culpables.(Taringa)
