Ciudad del Vaticano
El papa Francisco modificó significativamente las leyes que rigen esta ciudad estado al tipificar como delito la filtración de información del Vaticano y específicamente la violencia sexual, la prostitución y la posesión de pornografía infantil como delitos contra los niños, que ahora pueden ser castigados con hasta 12 años de prisión.
La legislación aprobada cubre tanto a clérigos como laicos que viven y trabajan en la Ciudad del Vaticano y es diferente de la ley canónica, que abarca a la Iglesia católica universal.
La nueva ley se emite en un momento crítico, cuando el Vaticano se prepara para una audiencia ante una comisión de las Naciones Unidas sobre sus esfuerzos para proteger a los niños a tenor con una convención crítica de la ONU y evitar que los sacerdotes abusen sexualmente de ellos.
El Vaticano firmó y ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño en 1990, pero es sólo ahora —23 años después— que ha actualizado sus leyes en un esfuerzo por reflejar algunas de las cláusulas clave del tratado.
La mayor parte del ordenamiento jurídico del Vaticano se basa en el Código Italiano de 1889 y en muchos casos es arcaico. Buena parte de las disposiciones aprobadas el jueves, que van desde los delitos contra la humanidad hasta la apropiación ilícita de material nuclear, actualizan sus leyes para ponerlas a tono con las muchas convenciones que ha firmado a lo largo de los años.
Otras eran necesarias a fin de cumplir con normas internacionales para combatir el lavado de dinero, que son parte de los intentos del Vaticano para mostrar transparencia financiera. Y otras tuvieron por fin modernizar el sistema jurídico con las normas contemporáneas: la nueva ley cancela las sentencias a cadena perpetua, por ejemplo, y en su lugar impone sentencias máximas de 30 o 35 años de prisión.
Sin embargo, destaca un nuevo delito como respuesta obvia a las filtraciones de documentos papales del año pasado, que fue una de las infracciones más graves a la seguridad del Vaticano en los últimos tiempos.
Un tribunal del Vaticano juzgó y condenó a Paolo Gabriele, el mayordomo del entonces papa Benedicto XVI, por robar documentos personales del pontífice y dárselos al periodista italiano Gianluigi Nuzzi.
Con esos documentos, Nuzzi publicó un libro que fue éxito de ventas y que mostró las peleas internas, la disfunción burocrática y los señalamientos de corrupción y homosexualismo que afligen el gobierno de la Iglesia a los más altos niveles.
Gabriele, quien dijo que quería sacar a la luz la "maldad y la corrupción" que afectaba a la Santa Sede, fue declarado culpable de robo con agravantes y sentenciado a 18 meses de prisión en el Vaticano. Al final, Benedicto XVI lo perdonó y ahora está en libertad. Pero las revelaciones devastaron al Vaticano al romper la confidencialidad que normalmente rige la correspondencia con el Papa.
En una señal de cuán importante considera la Santa Sede la confidencialidad, las nuevas sanciones por infringir las nuevas leyes son fuertes: Cualquier persona que revele o reciba información o documentación confidencial se arriesga a ser condenado de seis meses a dos años de prisión y una multa de 2.000 euros (2.500 dólares). La pena sube a ocho años de prisión si el material es sobre los "intereses fundamentales" de la Santa Sede o de sus relaciones diplomáticas con otros países.
El juez Giuseppe Dalla Torre, presidente del tribunal del Vaticano que encabezó el juicio a Gabriele, reconoció el jueves que el caso Gabriele podría ser visto como una influencia clave sobre la nueva penalización, aunque dijo que el delito fue "irrelevante" para la reforma general. Sin embargo, el sistema jurídico del Vaticano nunca había contemplado como delito la filtración de información de la ciudad Estado. Aunque los delitos sexuales existían, el código arcaico los mencionaba de forma general como violaciones en contra de "las buenas costumbres". La nueva ley da una definición más amplia de los delitos contra los niños, incluida la venta de niños, la prostitución infantil, el reclutamiento de niños, la violencia sexual, actos sexuales con niños y producción o posesión de pornografía infantil.
En el código anterior, este tipo de delitos en general habrían conllevado a una pena máxima de 3 a 10 años de prisión, afirmó el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. En virtud de la reforma, las penas pasan ahora de 5 a 10 años, con circunstancias agravantes en las que la condena máxima sube a 12 años y una multa de 150.000 euros.
La tipificación de esos delitos responde a unas de las preguntas presentadas a la Santa Sede la semana pasada por la Comisión de la ONU sobre los Derechos del Niño, que evaluará la implementación por parte del Vaticano del principal tratado de la ONU sobre la protección infantil a principios de 2014.
Pero otras preocupaciones serán más difíciles de responder para la Santa Sede, como la solicitud de "información detallada sobre todos los casos de abuso sexual cometidos por parte de sacerdotes, laicos, hermanos y monjas " que se han presentado ante el Vaticano a lo largo de los años.
El Vaticano siempre ha considerado que los casos de abuso sexual de sacerdotes son responsabilidad de los obispos locales, no de la autoridad central de la Iglesia católica.
Autoridades vaticanas dijeron que sería un error suponer que sólo porque las nuevas leyes tipifican como delito cierto comportamiento que ese mismo comportamiento era legal antes. Ello significa que, 100 años atrás, la pornografía infantil no estaba tipificada como delito ni en el código jurídico italiano ni en el del Vaticano.
"Las nuevas normas son útiles para definir los casos específicos con mayor certidumbre y precisión, y satisfacer así los parámetros internacionales y calibrar las sanciones según la gravedad específica del caso", escribió el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, monseñor Dominique Mamberti, en la edición del jueves del diario vaticano L'Osservatore Romano.
